Agosto, 2022 | Las elecciones legislativas de mitad de mandato: ni referéndum ni anticipación
Midterms Special Edition. Part I
Tres meses nos separan de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que además de renovarse la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (34 bancas), están en juego 36 de 50 gobernaciones estaduales. Según tendencias históricas, las elecciones de mitad de mandato o medio término (midterms) parecen significar la pérdida de bancas para el partido gobernante, muchas veces cediendo la mayoría a la oposición.
Para darle mayor impacto a las elecciones - que si bien relevantes debido al peso que tiene el Congreso en la política doméstica, suele atraer proporcionalmente menos votantes que las presidenciales - muchos hablan en términos de “referéndum” de la gestión actual o del pronóstico que pueden ofrecer de cara al 2024. La mayoría de los pronósticos no dudan en augurar una derrota para el oficialismo y simplemente se interrogan sobre las dimensiones de la misma. Hay quienes toman los índices de aprobación de la gestión encabezada por Joe Biden, que continúan en sistemático descenso ubicándose en el 38% según Gallup, como un indicio de que los demócratas tendrá una dura batalla para, al menos, mantener la mayoría relativa en ambas Cámaras y poder llevar adelante alguna agenda legislativa en los próximos dos años.
Sin embargo, los factores a considerar plantean un escenario algo más complejo y menos lineal que lo que la mayoría de los análisis parecen plantear. ¿Qué hay que tener en cuenta para entender el escenario electoral y el potencial resultado? A continuación, abordaremos lo que consideramos dimensiones centrales para entender lo que se encuentra en juego en noviembre y qué nos pueden sugerir sobre la disputa política entre partidos, electores y el futuro político de la nación.
Los bemoles de la economía
Luego del shock que implicó la pandemia para la economía norteamericana, que aceleró la incipiente recesión iniciada durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump y su guerra comercial con China, las medidas de incentivo y recuperación implementadas en los primeros meses de la Administración Biden derivaron en un crecimiento anual del 6.9%, según el Bureau of Economic Analysis. Si bien para el primer trimestre de 2022, el PIB había caído un 1,5 % debido al creciente aumento del déficit comercial y el incremento de las importaciones por sobre las exportaciones, las estimaciones de crecimiento anual se han mantenido por sobre el 5%.
Por otro lado, según el Bureau of Labor Statistics, hacia el mes de julio de 2022, el índice de desempleo había descendido a una de las cifras más bajas en décadas: 3.5%. Desde 2021, la creación de empleos trimestral se mantuvo entre 300.000 y más de 500.000 puestos de trabajo, mientras que el empleo no agrícola del sector privado recuperó por completo los empleos perdidos en 2020, superando su nivel previo a la pandemia.
Ante este escenario, el punto de contención y tema en torno al que gira el debate es la inflación. Si bien en el mes de julio no se registró un aumento de la misma y en la primera quincena de agosto el índice de precios al consumidor registró una leve baja, sigue en niveles que los estadounidenses no experimentaban desde principios de la década de 1980, ubicándose por encima del 8% interanual.
El interrogante es cuál es el motor de la inflación. Tanto el gobierno federal como sectores progresistas han hecho foco en que grandes compañías petroleras como ExxonMobile y Chevron han anunciado ganancias récord en el segundo trimestre del año (US$ 17,850 millones, cuatro veces la cifra del año pasado, y US$ 11,620 millones respectivamente). Dominic Rushe de The Guardian señala que:
Las ganancias récord se registraron después de ganancias descomunales similares en el primer trimestre [del año], cuando las compañías petroleras más grandes obtuvieron cerca de $100 mil millones en ganancias. Los altos precios de la energía son uno de los principales factores que impulsan la mayor inflación en cuatro décadas en Estados Unidos. Los precios de la gasolina han caído levemente en las últimas semanas, pero ahora tienen un promedio de $4,25 por galón, más de $1 por galón más que hace un año.
El gobierno ha sugerido también que, amén del impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania en los costos de la energía y alimentos, son las empresas las que están empujando el alza de precios al racionar la producción y distribución para aumentar sus índices de ganancias. Como paliativo, el gobierno norteamericano tomó la decisión de liberar millones de galones de las reservas federales de petróleo del Strategic Petroleum Reserve y agregar etanol a la gasolina, con el objetivo de impulsar los precios a la baja.
La Administración Biden también ha hecho hincapié en el masivo programa de obras públicas que logró aprobar en el Congreso (el Plan de Infraestructura) y cómo impulsó la creación de empleos, el crecimiento económico de sectores relacionados y la inversión pública. Asimismo, en las últimas semanas, se registró un descenso en los precios de la nafta y el mercado de valores se ha recuperado. Sin embargo, es el fenómeno de la inflación el que se ha convertido en el caballito de batalla de una oposición cuyo mayor logro ha sido el obstruccionismo y la restricción de derechos sociales e individuales.
La redistritación electoral
Cada diez años se realiza el censo. Ello permite conocer no solo la cantidad y características de la población, sino los cambios y distribución demográfica de la última década. Y ello afecta la lógica de la representación política y electoral, tanto a nivel local y estadual como federal, especialmente la elección y conformación de la Cámara de Representantes.
En Estados Unidos no existe la lista única o “sábana” para las elecciones legislativas. Los estados se dividen en distritos electorales llamados “distritos congresionales”, cuyos límites y dimensiones van cambiando con el tiempo. Cada “representante” se postula como candidato de un distrito particular, donde debe hacer campaña y cuyos intereses debería representar. Como la premisa es que los estados - y los distritos - tengan representaciones equilibradas según sus dimensiones poblacionales, y dado que debe mantenerse la misma cantidad de representantes a la Cámara Baja (435), cuando un censo revela que la población de un territorio ha cambiado (crecido o disminuido), la legislatura local puede redibujar o “rediseñar” el mapa de distritos congresionales para reflejar esos cambios. Pero hecha la ley, hecha la trampa.
Desde principios del siglo XIX, el oficialismo de turno apeló a una práctica conocida como gerrymandering. El gerrymandering permite la manipulación del diseño de los distritos electorales para beneficiar al partido gobernante, que es el que puede apelar a esa práctica estando en el poder. A modo de ejemplo, si gracias al censo un gobernador sabe que la mayoría de la población de un distrito tiene determinadas características y que ello se ha visto reflejado en particulares tendencias políticas en ciclos electorales anteriores, puede unificar, separar, agrandar o achicar un distrito para maximizar sus propios resultados y minimizar los del adversario.
Gerrymandering 3rd Congressional District, 1953-2013.
Esta práctica - a la que históricamente han apelado tanto demócratas como republicanos - no tiene impacto sólo en lo local. Afecta los resultados de las elecciones federales (legislativas y presidenciales), particularmente aquellas en las que la representación no se define por votos proporcionales sino por mayoría (el famoso the winner takes all). También impacta en la composición de las legislaturas estaduales encargadas de definir las leyes electorales y las condiciones para ejercer el disputado derecho al voto. Y esto siempre ha sido motivo de debate y controversia.
En el mes de junio, el tribunal supremo de Nueva York sentenció que la Legislatura estadual había apelado al gerrymandering para redefinir los distritos electorales del estado de manera tal de beneficiar al oficialismo demócrata, luego de que el censo derivó en la pérdida de un representante al Congreso federal. Decidió también que en los albores de las primarias legislativas, un juez de primera instancia definiría quien se encargaría de la redistritación. Si bien este es un caso entre tantos, la máxima autoridad judicial del país, la Corte Suprema de Estados Unidos, sentó a comienzos de este año un controvertido precedente en lo que al gerrymandering refiere. La Corte suspendió la sentencia de un tribunal inferior de Alabama que ordenaba revisar el rediseño del mapa de distritos del estado. Dicha sentencia había concluido que el diseño definido por el partido republicano gobernante buscaba “diluir el voto de la minoría negra”, tradicionalmente más identificada con los demócratas e independientes. El precedente de la Corte Suprema fue utilizado como jurisprudencia en Georgia, Pennsylvania y Carolina del Norte para desestimar cuestionamientos y desafíos a los nuevos diseños distritales que, en la mayoría de los casos, buscan quitarle poder político tanto a la oposición de turno como a los grupos minoritarios.
Sumado a los efectos del gerrymandering, otro punto a considerar es que el cambio demográfico que reveló el Censo 2020 parece favorecer a ciertos estados sureños, que tendrán un peso clave en la definición de las presidenciales de 2024. Ello responde a que los estados que registraron crecimientos poblacionales tendrán más votos para el colegio electoral: Texas (+2), Colorado (+1), Florida (+1), Montana (+1), Carolina del Norte (+1) y Oregón (+1). En la última elección, Donald Trump ganó Texas, Florida, Montana y Carolina del Norte. Por su parte, los estados que perdieron un voto en el colegio electoral son California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Virginia Occidental. Salvo Ohio, todos se inclinaron por Biden en la última elección.
La Corte Suprema
Una de las grandes victorias de la Administración Trump fue la conformación de una Corte Suprema federal mayoritariamente conservadora, cuyas resoluciones afectarán la vida y derechos de toda una generación.
Uno de los anuncios más controvertidos de la Corte fue la decisión de los jueces (por 6 votos contra 3) de declarar la histórica sentencia en el caso Roe v. Wade (1973) como inconstitucional. El anuncio provocó enorme rechazo y movilizaciones de repudio en todo el país, y logró que el derecho al aborto se convirtiera en un tema de peso electoral. En una encuesta de Suffolk/USA Today de fines de julio, el aborto se ubicó en segundo lugar luego de la economía entre los temas con mayor peso en el electorado de cara al mes de noviembre.
Este fallo fue apenas el inicio de una seguidilla de decisiones que apuntaron a restringir derechos adquiridos y atienden los intereses de sectores conservadores y ultra-religiosos. Entre ellos se contaron la decisión de la Corte Suprema de quitar a los estados el poder de limitar el derecho a adquirir o portar armas, limitar el poder de la Environmental Protection Agency para establecer regulaciones contra el cambio climático, restringir la autonomía judicial y política de las reservas indígenas, y defender las expresiones religiosas en las escuelas públicas.
FiveThirtyEight destaca que inmediatamente después del anuncio de la Corte que alcanzaba al precedente establecido en el caso Roe - antecedido por el escándalo de la filtración del borrador que tratamos en “La Corte Suprema, los originalistas y Roe vs Wade” - y de las decisiones posteriores referidas, los demócratas comenzaron a ganar terreno en la intención de voto, lo que se tradujo en sugestivos éxitos electorales. En Kansas los votantes rechazaron masivamente una iniciativa electoral que habría permitido a la legislatura estadual restringir el aborto en el estado. Y en la conservadora Minnesota, los republicanos ganaron una elección especial en el 1° Distrito por solo 4 puntos porcentuales, un distrito que Trump había ganado por 10 puntos en 2020. Esta tendencia también se observó en Nebraska, donde los republicanos ganaron una elección especial por solo 5 puntos en un distrito que Trump había ganado por 15.
Pero además de la Corte Suprema, los republicanos están utilizando sistemáticamente el poder de los gobiernos estaduales para avanzar una agenda regresiva y restrictiva en términos de derecho al aborto, derechos reproductivos y anticoncepción, derechos de la comunidad LGTBI y personas transgénero (entre ellos, el matrimonio entre personas del mismo sexo), y políticas educativas.