El peligroso caso de Alex Jones y la guerra informativa
Días atrás, el infame presentador de “noticias” Alex Jones - dueño de “InfoWars” y la empresa Free Speech Systems - fue condenado a indemnizar con la suma de 965 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de la masacre de Sandy Hook y a la del agente del FBI que llegó primero a la escena del tiroteo sucedido en una escuela primaria de Connecticut en 2012.
No mucho antes, un tribunal de Texas sentenció a Jones a pagar casi 50 millones de dólares a la familia de otra de las víctimas de Sandy Hook. Y hace pocas horas se dio a conocer que los familiares de otras víctimas le iniciaron otro juicio por US$2.75 trillones en daños morales y perjuicios, además de los casi $1 billón que un jurado le ordenó pagar por difamación. La premisa parece ser que solo "los mayores daños punitivos posibles" evitarán que Jones continúe con sus “dañinas teorías conspirativas”.
La masacre en la escuela primaria de Sandy Hook se produjo cuando un 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza (20 años) ingresó al establecimiento y asesinó a 28 personas. Las víctimas: 20 niños de entre 4 y 8 años, y 6 adultos, incluyendo su madre Nancy. Sandy Hook se convirtió en la mayor masacre en una escuela primaria o secundaria en la historia de los Estados Unidos, y el cuarto tiroteo más letal cometido por una sola persona, después de la masacre de Virginia Tech en 2007, la Masacre del club nocturno Pulse de Orlando en 2016 y el Tiroteo de Las Vegas de 2017.
Durante una década, Jones hizo de la masacre un tema recurrente de su programa. En numerosas ocasiones insistió que la masacre nunca sucedió, que se trataba de un “hoax” (un invento) de los demócratas, que las familias de las víctimas son actores pagos, todo parte de un complot para avanzar sobre la segunda enmienda y confiscar armas a la ciudadanía.
Los testimonios en el juicio revelaron que seguidores de Jones han acosado incesantemente a las familias, fueron agredidos verbal y emocionalmente, en persona y a través de las redes sociales, recibieron amenazas por correo y mail, y vandalizaron sus domicilios. Mark Barden, padre de una de las víctimas de 7 años, contó que llegaron a urinar en la tumba de su hijo y lo amenazaron con desenterrar el ataúd.
En el estrado, Jones se vio forzado a admitir que “se había equivocado” con su teoría sobre Sandy Hook, y buscó desligarse de la autoría intelectual de las acciones de sus seguidores, que consideró que “tampoco fueron tan malas”. Pero de vuelta en su programa, con el micrófono abierto, su “verdad” fue otra. Según el New York Times, Jones tildó al proceso judicial de un verdadero circo, se burló del juez a cargo, acusó al abogado de la demanda de ser un fraude y afirmó que todo el caso - una conspiración de los demócratas y los medios de comunicación para sacarlo de los medios- era una afrenta a la libertad de expresión.
Jones ya fue condenado por difamación, invasión a la privacidad, infligir angustia emocional, y violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut al mentir sobre la masacre para vender sus productos y merchandising en InfoWars. Un representante de Free Speech Systems testificó que en los últimos 10 años las ganancias de Jones y la compañía fueron de al menos US$100 millones.
En este mundo prácticamente dominado por las noticias falsas y la desinformación, en el que el discurso de la extrema derecha es tan inconsistente como atrayente, este resultó en un duro golpe, pero que tendrá escaso impacto más allá de lo personal. Jones se declaró en bancarrota y afirma que no puede pagar esas sumas. No necesariamente perdió el apoyo de sus seguidores y continúa recaudando millones gracias a los que comparten sus teorías conspirativas.
Republicanos como la representante Marjorie Taylor Greene salió a defender a Jones, diciendo que están coartando la libertad de expresión y que todo es una “persecución política”. El problema es que la Primera Enmienda de la Constitución fue redactada pensando en proteger a los medios de la censura del gobierno, no de denuncias penales de ciudadanos particulares por actos comprobados de difamación, perjurio y daños morales. Como han notado especialistas en la materia, fue un jurado de pares en un juicio civil - no el gobierno - el que ordenó la indemnización de 965 millones a aquellos que Jones utilizó como instrumento para acumular poder político y económico.
La desinformación tiene una lógica política propia y parece que vivimos en una época en la que la evidencia empírica es secundaria y hasta marginal a la retorica ideológica y política. Internet y las redes sociales (no) acompañan y son utilizadas cómo poderosos amplificadores que solo sirven para confirmar nuestros prejuicios y premisas. El fallo contra Jones es - simbólicamente - importante, sí. Medios como Fox News, OAN, Braitbart, Prager U, y muchos otros siguen este modelo y debería preocuparles el fallo como precedente. Pero, probablemente, poco suceda más allá de lo anecdótico.
En este episodio de esta guerra informativa y político-cultural que estamos viviendo contra la desinformación, las propaganda y las noticias falsas, la “realidad alternativa” que propuso Jones fue la protagonista de una batalla en la que perdieron los que vienen, en el largo plazo, ganando la guerra.