¿Golpe de estado?... Ni tanto, ni tan poco

El 6 de enero de 2022 se cumplió un año de lo que será conmemorado como el epítome de la crisis de representatividad política devenida en crisis de legitimidad que viene atravesando Estados Unidos: el asalto al Capitolio.

El escritor Marlon Weems describió este episodio llanamente:

El 6 de enero de 2021, una turba de partidarios de [Donald J.] Trump, compuesta por milicias supremacistas blancas, miembros del ejército y fuerzas del orden, atacaron el Capitolio de los Estados Unidos en una insurrección armada. El objetivo de los insurrectos era detener la transferencia pacífica del poder político.

El 1 de julio de 2021 se formó el House Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol con el expreso objetivo de investigar tanto lo acontecido el 6 de enero como sus antecedentes y atenuantes. Los nueve miembros del comité (siete representantes demócratas y dos republicanos) comenzaron sus audiencias públicas el 27 de julio y en enero de 2022 aún llamaban a declarar a miembros del gabinete de Trump, entre ellos, el ex vicepresidente Mike Pence.

A medida que avanzaba la investigación, ciertos analistas y especialistas dejaron de hablar de “insurrección”, o inclusive de “ataque terrorista doméstico al Capitolio” (caracterización utilizada por la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos), para hablar de intento de golpe de estado.

A lo largo de seis meses, la investigación del January 6th Committe expuso que lo que en un principio se describió como una manifestación espontánea, un incidente aislado que – por efectos del hombre-masa – se tornó violento ante el fragor de las circunstancias (a pesar de que esa masa humana iba, de antemano, armada), tuvo altos niveles de organización, coordinación y premeditación. La misma contó con el involucramiento (en diferentes grados) de personalidades ultra-conservadoras, legisladores que asumían su banca esa misma jornada, personajes de la cadena Fox News, prominentes figuras del Partido Republicano y miembros del círculo íntimo de Trump.

Trecientas indagatorias, 50 intimaciones y miles de páginas de documentos confidenciales después, se reveló desde la existencia de un “Plan de Seis Puntos” elaborado por John Eastman (abogado personal de Trump) con instrucciones para anular las elecciones presidenciales, la existencia de una presentación de power point del Coronel retirado de la Armada Phil Waldron sobre cómo desconocer y reemplazar a los electores de Joe Biden, hasta el despido de autoridades electorales en medio del proceso de recuento, el envío de falsos certificados al colegio electoral y del posible secuestro del “responsable de que las cosas se descarrilasen” en la ceremonia de certificación, el vice-presidente Pence, por parte de una muchedumbre enardecida.

Sumado a la gran cantidad de indicios públicos y advertencias sobre la erupción de episodios de violencia (el Washington Post hizo un detallado seguimiento al respecto), parece haber pocas dudas de la existencia de una conspiración política para alterar el resultado de las elecciones o,  al menos, retrasar la confirmación del presidente demócrata electo lo suficiente como para restarle legitimidad tanto a su victoria como a su mandato.

Los antecedentes históricos latinoamericanos – incluido el rol jugado en ellos por la potencia regional – nos sugieren que hablar de “golpe de estado” es no solo impreciso, sino forzado. Por un lado, las Fuerzas Armadas estadounidenses no tuvieron un rol activo en el desarrollo de los acontecimientos. Inclusive hay quienes sugieren que el retraso de más de tres horas en la intervención de la Guardia Nacional (la fuerza doméstica de reserva del Ejército y la Fuerza Aérea) se debió a la reticencia de sus autoridades a intervenir y lo que de ello se podría inferir (ya sea de la represión a los manifestantes en defensa del proceso en curso que habilitaba a la administración entrante o que el por entonces comandante en jefe apelara a la fuerza militar para detener la transferencia de poder). Por otro, si bien grupos supremacistas se encontraban entre la multitud, milicias armadas como los Proud Boys, los Oath Keepers o los Boogaloo Boys expresaron lealtad al ex presidente, y 81 de las 700 personas acusadas por el Departamento de Justicia por su participación en la insurrección son o fueron miembros de las Fuerzas Armadas, no ha podido demostrarse su accionar como grupo armado organizado con planes de sostener a Trump en el poder.

Lo que queda por determinar es en qué grado el ex presidente estuvo – por acción u omisión, en palabras de la vice-presidenta del Comité, la republicana Liz Cheney - involucrado en el desarrollo de los acontecimientos y puede ser responsabilizado de lo que culminó en la avanzada sobre al Capitolio.

1898

Levantamiento, revuelta, motín, disturbios, insurrección, golpe de estado o conspiración. La visión de una turba armada avanzando sobre el símbolo del sistema democrático estadounidense llevó a incrédulos de todas partes del globo a afirmar: “esto no ha pasado nunca en la historia de los Estados Unidos”.

Sin embargo, lo insólito no hace a lo inédito. Lo que sigue es la breve historia de, sí, el primer golpe de estado en la historia de los Estados Unidos.

En 1898, un grupo de blancos demócratas pro-confederados y milicias supremacistas, derrocaron violentamente al gobierno local democraticamente electo de Wilmington, Carolina del Norte, la ciudad de mayoría negra más progresista del sur.

En las tres décadas que siguieron a la emancipación de las personas esclavizadas (1863) y el fin de la guerra de secesión, Wilmington se había convertido en una ciudad donde la población afrodescendiente había logrado cierta movilidad y progreso social, económico y político. Dicho progreso permitió a un segmento de la población negra convertirse en una pujante clase media profesional y comercial, y ocupar cargos políticos (tanto en la alcaldía y la legislatura como en puestos de menor rango). Sin embargo, ello no fue acompañado de un proceso de “reconciliación racial”.

Hacia fines del siglo XIX, la oposición blanca era no solo una minoría política sino demográfica: los blancos apenas superaban el 20% de la población. Durante años, esa oposición luchó (por medios legales y no tanto) contra el “negro rule”, pero hacía fines del siglo XIX y ante el menor resguardo del gobierno federal, se potenció la campaña de propaganda negativa, desinformación, intimidación y violencia política que concluyó con el golpe al gobierno birracial local y expulsó a la mayoría de los habitantes afro-estadounidenses de la ciudad.

(Tom Hanchett, Sorting the New South City)

La coalición gobernante formada por el Populist Party (partido de los trabajadores rurales blancos pobres) y el Partido Republicano (que, gracias a las medidas avanzadas por su ala radical en relación a los derechos cívico-políticos de los negros desde los años de Abraham Lincoln, era el partido por el que estos se inclinaban), constituyó un fenómeno conocido como fusion politics: una alianza de intereses tanto clasistas como raciales. Pero del otro lado también había intereses de raza-clase: los representados por los demócratas sureños, antiguos plantadores blancos pertenecientes al establishment político-económico que, con el fin de la guerra, se habían visto desplazados del ejercicio hegemónico del poder. La plataforma del Partido Demócrata de 1898 no podía expresarlo mejor: “Este es un país de hombres blancos, y los hombres blancos deben controlarlo y gobernarlo”.

El 10 de noviembre de 1898, un ex Coronel Confederado organizó – con la venia de miembros del partido demócrata - un grupo de unos 2000 hombres blancos y los lideró primero al saqueo de la armería y luego a la toma de la casa de gobierno. Bajo amenazas de violencia, obligaron a los dirigentes negros y blancos de la coalición del Fusion Party a renunciar. Luego de instalar su propio gobierno encabezado por Alfred Moore Waddell, se dedicaron a incendiar propiedades particulares y comerciales de los habitantes negros de la ciudad con el expreso objetivo de “reinstalar la supremacía blanca”.

Según el informe realizado por la 1898 Wilmington Race Riot Commission, el golpe fue planificado y patrocinado por líderes políticos y medios de comunicación locales, y ejecutado por milicianos armados, muchos de ellos ex miembros o simpatizantes del Ku Klux Klan. Si bien datos oficiales registraron la muerte de 60 afro-estadounidenses, se estima que el número exacto de los asesinados está en el rango de los doscientos. Ciudadanos negros debieron abandonar la ciudad ante amenazas de represalias. Si bien ningún blanco murió durante la masacre, los medios locales y nacionales describieron el incidente como un “motín racial” provocado y perpetrado por negros, una narrativa que se reprodujo durante décadas. Fue recién en 1998 que se estableció la referida comisión, encargada de realizar el primer informe oficial a cargo del Departamento de Recursos Culturales de Carolina del Norte. 

Ninguna autoridad estadual o federal intervino en respuesta a lo sucedido. El gobernador republicano de Carolina del Norte siquiera atinó a solicitar asistencia al poder ejecutivo nacional, encabezado por el también republicano William McKinley. En 1900, el Fiscal General de los Estados Unidos inició una investigación, pero nunca nadie fue juzgado.  

El golpe y la masacre diezmaron el poder político y económico de los ciudadanos negros de Wilmington. Una de las primeras medidas del gobierno golpista fue la sanción de una enmienda, aún vigente en la Constitución estadual, que requería a los votantes aprobar una prueba de alfabetización para empadronarse. Esta ley se convirtió en precedente para las leyes de restricción electoral propias del sistema de segregación racial vigentes hasta 1965. Como consecuencia, en 1902, el número de votantes negros registrados en la ciudad se redujo de más de 125.000 a 6.100. Para 1908, todos los estados sureños habían sancionado medidas similares con la intención de privar a los afro-estadounidenses de sus derechos políticos. Ningún ciudadano negro logró ocupar un cargo público en Wilmington hasta 1972. Y fue recién en 1992 que un afro-estadounidense fue electo para una banca en el Congreso.

Así, la violencia y el terrorismo blanco resolvió lo que elecciones democráticas y la práctica política no promovían ya a través de canales institucionales: terminar con la participación de los negros en la vida socio-económica y política de la ciudad.

2022

Todo ejercicio de memoria histórica nos invita a establecer comparaciones y paralelismo.

Una de las diferencias más inmediatas que pueden establecerse con Wilmington es que los sucesos del 6 de enero de 2021 se encuentran hoy bajo escrutinio político y del Departamento de Justicia. Hasta el momento, 738 personas fueron arrestadas y acusadas de delitos de diversa índole, y algunas pocas están cumpliendo simbólicas condenas de prisión, entre ellos, el Shaman del Capitolio.

Sin embargo, importantes figuras con conexiones con el ex presidente se han negado a presentarse ante la Comisión o declarar ante la justicia, como el ex jefe de gabinete Mark Meadows, el asesor Stephen Miller, el abogado del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, la vocera Kayleigh McEnany, el asesor de seguridad nacional Teniente Coronel Michael Flynn, John Eastman, e integrantes del gabinete de Pence. Stephen Bannon, el oscuro asesor de Trump durante su primer año de mandato, fue uno de los que se negó a prestar declaración, hoy detenido por desacato y obstrucción de la justicia.

Otro paralelismo, pero que en este caso precede al 6 de enero, es el movimiento en pos de la restricción de derechos electorales. Desde 2013 - año en que la Corte Suprema declaró inconstitucional una de las cláusulas de la ley de derechos al voto de 1965 que obligaba a la supervisión y pre-autorización federal de cambios en los requisitos y procedimientos electorales de estados con una larga historia de segregación y discriminación racial -, leyes que restringen o imposibilitan el ejercicio del derecho al voto fueron sancionadas en los 50 estados. Según el Brennan Center, 2021 ha sido “un año sin precedentes” para la legislación electoral. Luego de la elección presidencial que registró uno de los mayores índices de participación popular, 19 estados promulgaron 33 leyes que dificultan el ejercicio del derecho al voto y la minoría republicana del senado se niega a debatir un proyecto de ley federal de protección de derechos electorales.

Por último, si bien 2021 no fue un golpe, sí podríamos decir que se trata de una conspiración… en curso. Y no solo eso. Está adoptando ciertas características propias de la resistencia guerrillera. En enero de 2021, el Department of Homeland Security (DHS) publicó un boletín sobre amenazas a la seguridad interna que postuló:

“[Algunos] extremistas violentos ideológicamente motivados, con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición presidencial, así como otros percibidos agravios alimentados por falsos discursos, podrían continuar movilizándose para incitar o cometer violencia”.

La supremacía y el extremismo blanco fueron declarados como las mayores amenazas a la seguridad interna tanto por el Federal Bureau of Investigations (FBI) como por el DHS mucho antes de las elecciones del 2020. Según este último, las “fuerzas del 6 de enero” siguen vivas y vigentes, se están organizando en nuevos grupos extremistas, fortaleciendo milicias armadas, propagando teorías conspirativas, incitando el accionar de grupos de odio y promoviendo la amenaza de posibles atentados terroristas “contra sistemas de infraestructura crítica, incluidos el eléctrico, de telecomunicaciones y sanitario”.

Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, afirmó en su testimonio de septiembre de 2020 ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que:

·         “[L]os promotores del violento extremismo doméstico – como ser la concepción sobre la extralimitación del gobierno o de las fuerzas del orden, las condiciones sociopolíticas, el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la misoginia y las reacciones a las medidas legislativas - permanecen constantes”.

·         “En la categoría de terrorismo doméstico, el extremismo violento por motivos raciales es, creo, el mayor dentro del grupo. Y dentro del grupo de extremistas violentos por motivos raciales, las personas que suscriben a algún tipo de ideología de supremacismo blanco, son el grupo más importante y numeroso.”

A un año del cambio de gobierno, Trump y el ala de extrema derecha del Partido Republicano a la que el personaje dio su “ismo”, perdieron la batalla, pero vienen ganando la guerra. En el plano político, los republicanos son “técnicamente” la minoría en ambas cámaras del Congreso, pero han logrado impedir el avance de la agenda legislativa de la Administración Biden. Asimismo, cooptaron el discurso y la retórica política, logrando que – a pesar de la recuperación de la economía y de la tasa de empleo, y la popularidad de su plan de gobierno - el índice de aprobación de gestión haya bajado sistemáticamente hasta ubicarse en el 43%. Finalmente, si bien la legalidad de la presidencia de Biden ha sido respaldada a nivel institucional en todos los niveles de gobierno (local, estadual, federal) y judicial (desde tribunales inferiores hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos), un segmento significativo de los ciudadanos políticamente activos desconoce la legitimidad de la presente Administración y creen que hay que inclinarse por opciones abiertamente anti-democráticas para recuperar el poder. 

Una encuesta sobre realizada por el Public Religion Research Institute arroja datos, al menos, preocupantes:

• 31% (y 68% republicanos) creen que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas.

• el 82% de la audiencia de Fox News y el 97 % de canales de extrema derecha (One America News Network, Newsmax) cree que Biden no ganó legítimamente las elecciones.

• 18 % (30% republicanos, 17% independientes, 11% demócratas) cree que la violencia podría estar justificada para “salvar a Estados Unidos”.

• Al menos uno de cada cinco estadounidenses cree que alguna de las teorías  conspirativas de Q’Anon tienen algún fundamento.

Lo que indica todo esto es que 2020 marcó el cenit de un proceso de deslegitimación del sistema representativo estadounidense que se ha gestado desde arriba y que está teniendo sus frutos: el descreimiento de amplios sectores de la población sobre los sistemas electorales de representación, el rol de las instituciones democráticas y el aval a opciones anti-populares que aseguren legalmente el poder de las minorías políticas. En otras palabras, “democracias sin respaldo popular”.

***

Dejame tu comentario y contame qué temas te gustaría ver en este newsletter!
No te preocupes, no te voy a abrumar…
Gracias por leer!