Octubre, 2024 | "Los Estados Unidos de América contra Donald Trump"
Y visceversa.
El 2 de octubre se dio a conocer el informe de 165 páginas que el fiscal especial de los Estados Unidos, Jack Smith, y su equipo del Departamento de Justicia elaboraron sistematizando las pruebas que presentó el gobierno en UNITED STATES OF AMERICA v. DONALD J. TRUMP. En una de las causas criminales que el ex presidente tiene en su contra, el fiscal especial presenta una serie de argumentos en relación a los intentos del ex-primer mandatario por subvertir las elecciones presidenciales de 2020.
En el que probablemente se convierta en uno de los documentos más referenciados del siglo XXI en lo referente a historia político-institucional estadounidense, se alude a las maniobras y estrategias de Trump y su equipo desde iniciada la campaña electoral 2020 para evitar un resultado adverso al oficialismo de turno. El documento refiere también al argumento de la defensa del ex presidente quien, poniendo las acusaciones de complot en un segundo plano, apeló al principio de “inmunidad” asociada con el cargo. En Trump vs the United States of America, una causa que llegó a instancias de la Corte Suprema, la mayoria conservadora (6/3) concluyó, en un polémico y criticado fallo con peligrosas implicancias a futuro, que los presidentes - Trump incluido - tienen inmunidad absoluta por las acciones “oficiales” que lleven a cabo, dentro de parámetros constitucionales que resultan flexibles en aras de la seguridad y el interés nacional.
En la sección introductoria, Smith postula que si bien Trump era el mandatario en funciones al momento de fomentar “las conspiraciones imputadas” (sic):
su plan era fundamentalmente privado. Trabajando con un equipo de co-conspiradores privados, el acusado actuó como candidato [no como presidente] cuando apeló a múltiples medios criminales para interrumpir, mediante fraude y engaño, la función gubernamental por la cual se recogen y cuentan los votos, una función en la que el acusado, como presidente, no tenía ningún rol oficial. En el caso Trump v. Estados Unidos (2024), la Corte Suprema determinó que los presidentes son inmunes a la persecución penal por ciertos actos oficiales, incluido el uso del Departamento de Justicia por parte del acusado en apoyo a su plan, tal como se alegó en la acusación original, y devolvió el caso a este tribunal para determinar si las demás acusaciones contra el acusado están amparadas por la inmunidad. La respuesta a esa pregunta es no.
A continuación, se realiza un racconto del resultado de la investigación del Departamento de Justicia sobre “la conducta criminal del acusado”; se detallan los argumentos construidos por Trump para alegar inmunidad, y se desmenuza la replica de la fiscalía para determinar que “ninguna de las conductas imputadas al acusado está protegida por la inmunidad”, todo para solicitarle al Tribunal en lo Criminal del Distrito de Columbia que Trump sea “juzgado por sus crímenes privados como cualquier otro ciudadano.”
Una de las cuestiones destacadas que parecen desprenderse del documento está relacionada con la vigencia de los escenarios que las estratagemas presentan en el contexto electoral actual y cómo el candidato a la presidencia por el Partido Republicano ha redoblado la recurrencia a las mismas con el objetivo de obtener un resultado diferente.
“Cuando el acusado perdió… delinquió”
A continuación, el documento detalla las acciones que Trump “y sus co-conspiradores” llevaron a cabo “para mantenerse en el poder” y anular los resultados en siete estados “target” en los que Joe Biden había sido declarado ganador: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New México, Pensilvania y Wisconsin:
Sus esfuerzos incluyeron mentirle a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los resultados oficiales; fabricar votos electorales fraudulentos en estados target; intentar convencer al Vicepresidente Michael R. Pence, en su rol de Presidente del Senado, para obstruir la certificación electoral del Congreso utilizando los votos de electores fraudulentos del acusado; y cuando todo lo demás falló, el 6 de enero de 2021, incitar a una multitud enfurecida de seguidores a avanzar sobre el Capitolio para obstruir la ceremonia de certificación del Congreso. El hilo conductor de estos esfuerzos fue el engaño: las afirmaciones deliberadamente falsas del acusado y sus co-conspiradores sobre fraude electoral.” (página 3).
Estas “afirmaciones deliberadamente falsas” fueron utilizadas para llevar a cabo tres conspiraciones:
una para interferir con la función del gobierno federal de recolectar y contabilizar los votos populares en cada estado que, según lo establecido en la Constitución y la Ley de Conteo Electoral (ECA, por sus siglas en inglés), deben ser contados y publicados.
otra conspiración para obstruir el procedimiento oficial a través del cual el Congreso recibe la información emitida por cada estado, y revisa los votos certificados de los electores que confirman el resultado de la elección.
Y una última conspiración contra el derecho de millones de estadounidenses a votar y que sus votos sean considerados.
En las páginas siguientes, se destacan aspectos clave del plan 2020 para que Trump continue en el poder que plantearon escenarios que, en mayor o menor medida, podrían replicarse en el proceso eletoral de 2024.
Admit nothing, deny everything
En la página 6 se enumeran instancias en las que en los meses previos a las elecciones, Trump declaró que "tendría que ver" si aceptaba el resultado de la elección, que ello “dependía” del resultado. Según el documento, Trump le dijo a sus asesores que simplemente se declararía victorioso antes de que se contaran todos los votos y hubiese un resultado oficial, un proceso que no se define hasta varios días después de la jornada de votación. Esto se debe no solo a la cantidad de absentee ballots (votos por correo) que se deben contabilizar después del día de la elección, sino que hay estados cuyas leyes no permiten comenzar a procesar dichos votos hasta después del día de las elecciones. Algunos establecen fechas límites de arribo de boletas hasta días después de la jornada electoral.
Jessica Marsden, de Político, ha notado que “desde 2020, expertos electorales han instado a los estados a tomar medidas para acelerar el procesamiento de estas boletas, pero en dos estados clave, Pensilvania y Wisconsin, legisladores republicanos se negaron a apoyar la extensión del preprocesamiento de boletas. Legislaturas controladas por republicanos en Arizona, Georgia y Carolina del Norte han añadido otros requisitos que probablemente retrasarán los resultados. Desafortunadamente, debemos esperar que Trump ignore estos hechos y nuevamente declare la victoria si va ganando en las encuestas el Día de las Elecciones.”
“Sembrar el caos”
Según Smith, Trump y sus asesores legales intentaron “sembrar el caos, en lugar de buscar claridad en los lugares de votación donde los estados continuaban contabilizando votos” (página 8). Específicamente, se cita el caso de un centro de votación en Detroit, Michigan, donde el 4 de noviembre de 2020 un fiscal de la campaña de Trump le habría pedido a uno de los funcionarios electorales que le diera una razón para poner en duda el resultado, exigiéndole “opciones para presentar una demanda judicial". Asimismo, habría incitado a los simpatizantes de Trump que pretendían detener el conteo de votos a que “provoquen disturbios". Esto se habría replicado en en otros centros de votación en ciudades importantes como Filadelfia, Pennsylvania.
Este posible cuadro de situación podría reiterarse en centros de votación de todo el país, principalmente en aquellos lugares en los que ciertas encuestas lo dan ganador a Trump. Sumado a ello, varios estados han sancionado leyes que permiten que supuestos “fiscales partidistas” sin las necesarias credenciales puedan fiscalizar el conteo de votos - en Estados Unidos esto está a cargo de funcionarios de la Comision Federal Electoral - y provoquen disturbios o interrupciones en el conteo o directamente intenten amedrentar a los votantes.
El fraude del fraude
Uno de los argumentos recurrentes predilectos de Trump se relaciona con el fraude electoral. El documento afirma que dado que “Trump y sus aliados no tenían pruebas de fraude en las elecciones, las inventaron”.
El equipo de campaña y los abogados del ex presidente presentaron en los días inmediatamente posteriores a la elección más de 60 demandas - tildadas de fraudulentas en la moción de Smith - relacionadas con fraude electoral. Jueces en estados y distritos clave desestimaron dichas presentaciones por cuestiones procesuales, y/o por carecer de fundamentos o pruebas suficientes para continuar en otras instancias.
Esa misma estrategia y narrativa es reutilizada hoy por Trump para sembrar el germen de la duda y la desconfianza en el proceso electoral de 2024. No pudiendo ignorar el hecho de que Estados Unidos tiene serios problemas en lo que hace a leyes de supresión electoral (algo de lo que hemos hablado largo y tendido), esta línea argumental sostenida a lo largo de los últimos cuatro años por el bando republicano ha hecho que según una encuesta de NPR/PBS News/Marist, la mayoría de los estadounidenses tema que las elecciones generales se vean manchadas por el fantasma del fraude, con las consecuencias que ello traerá aparejado para la legitimidad político-institucional.
Casi 6 de cada 10 estadounidenses afirma estar preocupado o muy preocupado de que se cometa fraude en esta elección, un número que los expertos afirman responde, en gran parte, a la insistencia de Trump de que no se puede confiar en el sistema electoral. El 88% de los simpatizantes del ex mandatario expresan preocupación por el fraude, en comparación con el 29% de aquellos que apoyan a la candidata demócrata, Kamala Harris.
El Congreso
En diciembre de 2020 y en la fatítica jornada del 6 de enero de 2021, Trump y sus aliados hicieron esfuerzos “cada vez más desesperados” para convencer al entonces Vicepresidente Mike Pence y a los miembros del Congreso de intervenir para cambiar el resultado oficial de las elecciones. No solo intentaron hacer valer votos de falsos electores, sino que sugirieron que el Congreso debería rechazar los votos certificados por los estados y “devolverlos” a las legislaturas estaduales. Asimismo, presionaron a Mike Pence para que rechazara los votos de confirmación de Biden:
A las 2:24 p.m., Trump estaba solo en el comedor [de la Casa Blanca] cuando publicó un tuit atacando a Pence y avivando el motín en curso: “Mike Pence no tuvo el valor de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto corregido de hechos, no los fraudulentos o inexactos que se les había pedido certificar anteriormente. ¡Estados Unidos exige la verdad!”
Esa tarde, en el Capitolio, un manifestante utilizó un megáfono para leer el tuit del acusado sobre el Vicepresidente en voz alta a la multitud que intentaba ingresar al edificio. El acusado emitió el incendiario tuit sobre Pence a pesar de saber —como admitiría más tarde en una entrevista en 2023— que sus seguidores “lo escuchan a [él] como nadie más.” Un minuto después, a las 2:25 p.m., el Servicio Secreto se vio obligado a evacuar a Pence a un lugar seguro. En el Capitolio, a lo largo de la tarde, miembros de la multitud coreaban: “¡Ahorquen a Mike Pence!”; “¿Dónde está Pence? ¡Tráiganlo!”; y “¡Pence traidor!” (páginas 80-81).
En 2022, el Congreso tomó medidas para clarificar los procedimientos de conteo de votos y reforzar que el papel del Congreso no es determinar cuál debería ser el resultado, sino revalidarlo. Más allá de ello, lo polémicamente interesante, y sujeto a debate en este momento, es que la persona encargada de certificar los votos electorales es el Vicepresidente en tanto Presidente del Senado, quien en esta ocasión es nada más y nada menos que… Kamala Harris, candidata a la presidencia por el partido oficialista. Esta autora asume que, más allá de los comentarios que este procedimiento generaría en una elección en cualquier otro lugar del mundo, Trump hará un giro de 180 grados en su opinión sobre lo que alguna vez no fue otra cosa que un protocolar y ceremonial proceso de certificación electoral.
Instigación a la violencia
Smith afirma que la instigación a la violencia ha sido y es parte de la estrategia retórica y discursiva de Trump, quien buscó activamente y justificó que sus seguidores tomaran por asalto el Capitolio para impedir la finalización del proceso electoral.
Actualmente, una de las principales preocupaciones en relación a la elección del mes de noviembre es la posibilidad de que episodios de violencia como los que se sucedieron el 6 de enero de 2021 se repitan no solo en Washington DC, sino en todo el país. Esto, considerando incluso los recientes episodios de violencia política, corporizados en no uno, sino dos - aparentemente tres, mientras escribo estas líneas - atentados contra Trump que se encuentran siendo investigados.
A comienzos del mes de octubre de 2024, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han advertido sobre la posiblidad de que grupos extremistas y supremacistas con “animardersión hacia lo que perciven como adversarios políticos” protagonicen actos de violencia en las semanas previas y posteriores a las elecciones. Considerando que muchos de estos grupos e individuos pertenecen a milicias armadas, esto constituye un escenario por demás preocupante para la estabilidad, legitimidad y legitimación del sistema político estadounidense en el corto, mediano y largo plazo.