Septiembre 2022 | Justicia, verdad y memoria: un balance sobre la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos en Afganistán (2001-2021)
El 11 se septiembre de 2022 se cumplieron 21 años de los ataques terroristas que marcaron el siglo XXI. En adelanto exclusivo (?) les comparto un escrito que saldrá publicado en unos meses y que representa un balance sobre un trágico episodio que cambió al mundo.
“En un instante y sin previo aviso, en una hermosa mañana de otoño, el mundo que conocíamos fue hecho a un lado como una mera diapositiva en un proyector, y un nuevo mundo apareció en su lugar”[1]. Esta fue una de las reflexiones que el periodista Jonathan Schell volcó en su Letter from ground cero, la primera de una serie de cartas reflexivas publicadas en The Nation sobre “la crisis iniciada por los ataques a Estados Unidos el 11 de septiembre”. A fines de septiembre de 2001, y ante el rápido y violento desarrollo de los acontecimientos, Schell se preguntaba:
¿Ha cambiado alguna vez la mirada del mundo de manera tan abrupta o completa como lo hizo el 11 de septiembre? Por supuesto, me viene a la cabeza la destrucción de Hiroshima. También fue una decisión preparada en secreto y cayó como un rayo sobre el mundo. Pero se produjo después de años de una guerra mundial y fue lo que puso fin a la guerra, mientras que el ataque del 11 de septiembre se produjo en un momento de paz y, como ha dicho nuestro presidente, fue lo que comenzó una guerra.[2]
En 2021 se cumplieron 20 años no sólo del que constituyó el peor ataque terrorista en territorio estadounidense contra lo que representaban los símbolos del poder económico (las Torres Gemelas en Wall Street, Nueva York), el poder militar (el Pentágono, Virginia) y el poder político (el frustrado ataque al Capitolio en Washington D.C.), sino de un proceso que dejó secuelas en esas mismas aristas de poder. Dos décadas después, nos encontramos en ese contencioso espacio entre memoria e historia en el que debemos sopesar los resultados de la reconfiguración de un nuevo y complejo mundo cuyas implicancias recién empezamos a dilucidar.
Justicia
A diferencia del "largo siglo XIX", un término acuñado por el historiador británico Eric Hobsbawm para referir a todos los cambios que trajo aparejado el período de 125 años comprendido entre 1789 (con el proceso que se coronó en la revolución francesa) y 1914 (la primera guerra mundial), el siglo XXI comenzó abruptamente. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron la pauta del campo de batalla militar, político, económico, cultural, tecnológico, de seguridad y de política exterior de un mundo aun redefiniéndose luego de la caída del muro de Berlín (1989), la desaparición de la Unión Soviética (1991) y con ello, el fin de la guerra fría.
La “guerra contra el terrorrismo” que siguió transformó el paradigma tanto del enemigo externo e interno (a uno más difuso y global, pero aun así peligrosamente racializado), como de la dinámica socio-política, cultural y económica doméstica de Estados Unidos. La formulación de la “Doctrina Bush” sobre seguridad nacional que le dio forma se basó en dos pilares simples y polarizantes: America First y “You are either with us, or against us” (“estás con nosotros o en nuestra contra”). Fue diez días después de los atentados que, en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, el entonces presidente George W. Bush afirmó: “Cada nación, en cada región, tiene ahora una decisión que tomar. O estás con nosotros o estás con los terroristas”[3]. Apelando a una retórica mesiánica y moralista (lo que el periodista Ronald Suskind llamó “la presidencia basada en la fe”[4]) Bush volvió a dividir al mundo en dos bloques. Bajo la premisa de que “sólo a través de una postura resuelta, fuerte y firme, este mundo será pacífico”, ignoró acuerdos de defensa y control de armamento, ordenó el ataque a Irak bajo falsas denuncias de desarrollo de armas de destrucción masiva[5], tomó medidas que lo enfrentaron a Rusia, y obligó a aliados como Israel a romper acuerdos comerciales con “nuevos enemigos” como China. Todo esto se amplificó luego de la definición de la política de guerra “preventiva” contra el extremismo (islámico) como una “cruzada” (una expresión que el presidente estadounidense utilizó en numerosas ocasiones) que enfrentó a lo que pasó a ser “la coalición internacional” contra el “eje del mal”, suerte de revival del “Imperio del Mal” de Ronald Reagan de principios de los años ochenta.
A nivel doméstico, la sanción de la Ley Patriótica el 26 de octubre de 2001 dio paso a medidas de extrema vigilancia. Implementadas desde el Department of Homeland Security (DHS) - una nueva agencia gubernamental creada en 2002 que creció a pasos agigantados -, el gobierno federal promovió medidas que, en el menor de los casos, ampliaron la capacidad de control y vigilancia del Estado. En el mayor, violaron los derechos civiles y humanos de personas detenidas sin poder contactar a sus familias o acceder a un abogado. Tan solo un ejemplo: fue recién en agosto de 2019 que un juez de un tribunal militar de Estados Unidos con jurisdicción sobre el centro de detención norteamericano de Guantánamo (Cuba), fijó una fecha para el juicio a los cinco acusados de planear los ataques terroristas del 11 de septiembre detenidos en 2003[6]. Aun así, no fue sino el 18 de abril de 2022, casi 20 años después de su detención y tres de la orden del juez, que el Departamento de Defensa anunció que daría inicio a las audiencias previas al juicio.[7] Esto solo sucedió después de que se hicieran públicos los casos de torturas y violaciones a los derechos humanos en bases militares como la de Abu Grhaib (Bagdad) y Guantánamo, y las masacres perpetradas por mercenarios contratados por empresas de seguridad privada como Blackwater que - a través de contratos con el Departamento de Defensa- realizaban operaciones militares en territorios en conflicto.
La Guerra contra el terrorismo en el exterior se inició con ataques aéreos en Afganistán, luego de que los Talibán - el grupo fundamentalista que gobernaba la mayor parte del territorio - se negara a entregar al principal sospechoso: el líder de la organización Al Qaeda, Osama Bin Laden. Bin Laden había sido ya relacionado con otros ataques contra Estados Unidos, como el atentado al World Trade Center de 1993, los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, y el atentado de 2000 contra el U.S.S. Cole, un destructor naval estadounidense atracado frente a las costas de Yemen. Eso derivó en una estrategia global de confrontación con países considerados "promotores" del terrorismo, que albergasen organizaciones terroristas (Afganistán) o que desarrollen armas de destrucción masiva (Irak, Irán, Corea del Norte) que - en conjunto - mató a más de 800.000 personas y desplazó a 37 millones más[8].
Veracidad histórica
La guerra en Afganistán dio lugar a un proceso de intervención militar y presencia de miles de tropas por 20 años, en la que murieron más de 2100 soldados estadounidenses e incontables - considerando la ausencia de registros completos - civiles afganos. En 2021, el presidente Joe Biden anunció el retiro definitivo de soldados estadounidenses “antes del 11 de septiembre de 2021”, en su intento de cumplir no solo una promesa de todos los mandatarios que sucedieron a Bush y saldar la que se ha convertido en la guerra más extensa en la que Estados Unidos se involucró, sino primordialmente el acuerdo firmado por la gestión Trump con los Talibán. En otras palabras, la retirada concretada en 2021 – ejecutada en forma bastante polémica y desordenada – se produjo en cumplimiento de los controvertidos términos y condiciones que la Administración Trump comenzó a negociar con los líderes Talibán en 2018, definió en 2019 y firmó en 2020.
El acuerdo resultante consideró 4 puntos principales:[9]
1. Definición de garantías y mecanismos para evitar que Afganistán se convierta en un territorio en el que “cualquier grupo o individuo atente contra la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”.
2. Establecimiento de un cronograma para el retiro de todas las fuerzas extranjeras de Afganistán.
3. Definición de un acuerdo político resultante de las negociaciones entre los talibanes y un equipo negociador inclusivo del gobierno afgano, que resultó en la firma del Joint Declaration between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America for Bringing Peace to Afghanistan (2020).
4. un alto el fuego integral.
Según el acuerdo firmado por las partes (es decir, Estados Unidos, los Talibán y la República Islámica de Afganistán) la precondición de los puntos 3 y 4 era la concreción de 1 y 2. El cronograma del retiro total de tropas - fuerzas militares de la Coalición, personal civil no diplomático, seguridad privada, contratistas, capacitadores, asesores y personal de servicios de apoyo- se estableció en un período de 14 meses. Para ello, se acordó un retiro gradual de tropas “en los primeros 135 días”, reducir el número de fuerzas estadounidenses a 8600 y reducir proporcionalmente el de sus aliados, retirar las fuerzas estadounidenses de las 5 bases militares y finalizar el retiro de tropas “en los 9 meses restantes”.
Otra de los puntos que se acordó fue la eliminación de sanciones y la liberación de los hasta 5000 presos políticos y de combate talibán “como medida de fomento de la confianza”, a cambio de 1000 "del otro bando", liberando a los restantes en los meses siguientes, lo que explicó el incremento de las fuerzas talibán cuando comenzaron su avance final a la capital, en el mes de agosto de 2021. Por último, Estados Unidos acordó abstenerse “de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de Afganistán o intervenir en sus asuntos domésticos”[10].
Con el retiro de tropas en 2021 se produjo, en paralelo, el vertiginoso avance talibán sobre territorio afgano. En solo tres meses habían realizado el último avance hacia la capital, Kabul, derrocaban al gobierno liderado por Ashraf Ghani y transferían el poder al líder Mullah Abdul Ghani Baradar. La violencia se intensificó, aumentó el número de desplazados - 80% de los cuales son mujeres y niños, según la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidad[11]-, zonas rurales fueron arrasadas, y aumentaron las represalias contra los sectores leales a las fuerzas aliadas.
Esta estrategia de "afganización" de la guerra encontró a las tropas leales a la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos en total desventaja. Asimismo, dejó innumerables interrogantes: ¿cuál fue el objetivo ulterior de la estrategia norteamericana en la región? Después de 20 años de ocupación ¿hubo algún “plan de salida” puesto en práctica? ¿Cómo y quién lidiará con la inevitable guerra civil y crisis humanitaria que enfrenta Afganistán? ¿Logró Estados Unidos lo que se proponía cuando intervino en una región en la que la tensión política y militar es hoy mayor que antes de septiembre de 2001?
En un espectro más amplio, la guerra global contra el extremismo consolidó peligrosos fenómenos. Por un lado, la realidad cada vez más extendida de que la presencia militar no se limita a fuerzas armadas nacionales y coaliciones internacionales enfrentándose entre sí o con grupos paramilitares, sino a empresas militares privadas que operan con “nuevos mercenarios”. Estas empresas (también llamadas “empresas proveedoras de servicios de defensa”) prestan servicios tanto a empresas privadas, como a entidades gubernamentales y a Fuerzas Armadas nacionales que han privatizado parte de sus funciones. Sus contratos tienen carácter de confidencial y, básicamente, “pueden cometer severos delitos sin temer que se los condene”[12]. En su libro, La Guerra como negocio, el periodista alemán Rolf Uesseler revela los intereses económicos que han aportado a la actuación y expansión de estas empresas militares privadas en conflictos en Medio Oriente, África y América Latina, y cómo son utilizadas por ciertos estados nacionales para erosionar la estabilidad política en otros. Estas empresas,
luchan contra guerrillas y persiguen terroristas, se encargan del manejo y el mantenimiento de los últimos hallazgos en técnicas de guerra y administran su abastecimiento; forman ejércitos, vigilan oleoductos, desarrollan software para servicios secretos e interrogan prisioneros (...) cotizan en la bolsa y sus valores ha[n] aumentado vertiginosamente después del 11 de septiembre, mientras todas las demás acciones estaban por el piso.[13]
Actualmente, existen miles de empresas militares que apelan a “contratistas” con entrenamiento y experiencia militar, y se ha convertido en una muy lucrativa salida laboral para veteranos o ex militares de las Fuerzas Armadas, comerciantes de armas, ingenieros militares, expertos en nuevas tecnologías, hackers y hasta traductores, y que operan tanto con la venia de gobiernos nacionales como por fuera de los sistemas legales.
Por otro lado, y en directa correlación con lo que algunos han dado en llamar la “privatización del monopolio de la violencia”, derivó en un aumento exponencial de los gastos militares en el contexto de una economía en crisis. Según la revista National Defense, entre 2001 y 2019 se asignaron 5.4 trillones de dólares al sector defensa, con la expectativa de que aumente a más de 6 trillones en las próximas décadas[14]. Teniendo en cuenta que el déficit fiscal de Estados Unidos se ha incrementado, la forma de inyectar este dinero en el sector defensa ha sido la de emitir moneda. Ello derivó en que para el fin del mandato de Bush, la crisis financiera y recesión económica fue acompañada de una devaluación respecto al euro que alcanzó un 50%[15]. Desde entonces, y si bien el dólar se ha vuelto a apreciar, ha abandonado su lugar como moneda más fuerte. A esto se sumó una política impositiva regresiva implementada a partir de 2001, reforzada en 2003 y ampliada en 2017 con la Ley de reforma impositiva de la Administración Trump, que abonó a profundizar el déficit fiscal, la concentración de la riqueza y los índices de inequidad.
En 2006, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos civiles, el Congreso de Estados Unidos renovó por diez años las provisiones de la Ley Patriótica, convirtiendo en permanentes tanto las limitaciones sobre derechos y garantías constitucionales, como las atribuciones de vigilancia ciudadana de organismos del estado. En 2015, la Ley Patriótica fue revisada y “re-sancionada” con el nombre de USA Freedom Act y habilitó al sector privado para la vigilancia de la ciudadanía. La ley pretendía quitarle atribuciones y hacer más transparente el proceso por el que la National Security Agency (NSA) y otras agencias de inteligencia podían obtener y almacenar datos a gran escala de registros telefónicos y metadatos de millones de estadounidenses. En 2013, el ex asesor de la NSA, Edward Snowden, reveló que el gobierno estadounidense había obtenido información privada de millones de registros telefónicos de personas no vinculadas con actividades ilícitas, manipulando disposiciones de la Ley Patriota. La USA Freedom Act debía poner fin a esta recolección y solicitud indiscriminada, injustificada e ilegal de datos por parte de agencias del gobierno, pero transfirió esta prerrogativa a las compañías telefónicas[16]. Estos datos son ahora accesibles a través de gestiones privadas (compra-venta), previa autorización judicial o hackeos informáticos, ya que la ley no limita la recolección tanto como su acceso.
Por último, lo que Arthur Schlesinger, Jr. denominó “la presidencia imperial” - aquella en la que las atribuciones presidencial exceden los límites que otorga la constitución y “la guerra, tradicionalmente una cuestión de último recurso, se transforma en una cuestión de elección presidencial” – pareció estar de regreso[17]. La postura militarista del gobierno de Bush lo convirtió de una figura cuestionada y fraudulenta[18], en un comandante en jefe “presidenciable”, al que no se cuestionaban sus excesos en el ejercicio del poder ejecutivo, la seguridad nacional, la vigilancia interna y la violación de derechos. Su unilateralismo y belicismo lo llevaron de tener un 51% de aprobación de gestión diez días antes de los atentados, a un 90% a fines de septiembre de 2001[19]. Como observa Zachary Karabell, esta tendencia continuó con la presidencia de Barack Obama quien, ante la falta de apoyo del Congreso, encontró “formas innovadoras de ejercer el poder”, convirtiéndolo en "uno de los presidentes más poderosos de la historia", sentando precedente para una mayor expansión y concentración de la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo[20].
Aspectos de esta “presidencia imperial” han sido evidentes incluso durante la administración de un presidente políticamente “débil” como Donald J. Trump. Indicios de ello pueden ser la unilateralidad en la derogación de leyes relacionadas con inmigración (DACA) que son prerrogativa del Congreso, la violación y abandono de acuerdos internacionales discutidos y aprobados por este último, la firma de decretos ejecutivos (Trump firmó un total de 220 en 4 años, mientras que Obama formó 276 en ocho años de gobierno, y George Bush, 291 en dos mandatos), la derogación de regulaciones ambientales, la desviación ejecutiva de recursos federales como “orden de emergencia” para construir el muro fronterizo, entre otras medidas.
Memoria colectiva
Una encuesta del PEW Research Center publicada en agosto de 2011 reveló que 97% de los estadounidenses que tenían al menos ocho años cuando ocurrieron los ataques recordaban exactamente dónde estaban o qué estaban haciendo cuando se enteraron de la noticia. Los otros dos sucesos que han tenido ese tipo de impacto en la memoria colectiva diez años después eran el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 (95%), y el ataque japonés a Pearl Harbor en 1939 (89%)[21]. Lo cierto es que cada uno de estos episodios afectó profundamente no solo el estilo de vida estadounidense sino la percepción del mismo, y tuvieron un impacto central en la concepción sobre la identidad nacional y el rol de Estados Unidos en el mundo.
La memoria colectiva y las representaciones sobre determinados sucesos del tiempo pasado no son recuerdos estáticos e inmutables, sino que se reconstruyen constantemente sobre la base de la construcción del conocimiento y los paradigmas del presente. A veinte años del 11 de septiembre, la conmemoración en Estados Unidos está rodeada no solo del legado referido, sino de las problemáticas más actuales de los sobrevivientes (como la lucha por mantener y ampliar el fondo económico de compensación de las víctimas del 11/09, que cubre costos de los problemas de salud de las víctimas directas o indirectas del atentado, como bomberos, paramédicos y policías que durante meses trabajaron en la Zona Cero), la resolución de los juicios pendientes de familiares de las víctimas contra el gobierno de Arabia Saudita, en los que se investiga el involucramiento de funcionarios de este último en los ataques[22], los clamores al gobierno estadounidense por la desclasificación de documentos relativos tanto al ataque como al rol de países aliados en Medio Oriente[23], el aumento de la Islamofobia y la retórica anti-inmigratoria, y la estigmatización de toda una generación de soldados que regresan del frente con problemas de salud física y mental y escasas posibilidades de reinserción social y laboral. Hoy por hoy, el desafío no solo es conmemorar pertinentemente sino recordar y enseñar los sucesos del 11 de septiembre, sus consecuencias y cómo cambiaron el mundo con honestidad intelectual.
[1] Jonathan Schell, “Letter From Ground Zero”, The Nation, 27 de septiembre de 2001, https://www.thenation.com/article/archive/letter-ground-zero-38/
[2] Ídem.
[3] VOA, “Bush: 'You Are Either with Us, Or with the Terrorists”, Voice of America, 21 de septiembre de 2001, The Internet Archives, https://web.archive.org/web/20150112170258/http:/www.voanews.com/content/a-13-a-2001-09-21-14-bush-66411197/549664.html
[4] Ronald Suskind, “Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush”, New York Times Magazine, 17 de octubre de 2004, http://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/17BUSH.html .
[5] Matthias von Hein, “The Iraq War: In the beginning was the lie”, DW, 4 de septiembre de 2018, https://www.dw.com/en/the-iraq-war-in-the-beginning-was-the-lie/a-43301338
[6] Vanessa Romo y Sacha Pfeiffer, “Trial Date Set for Khalid Sheikh Mohammed, 4 Others Charged in Sept. 11 Attacks”, NPR, 30 de agosto de 2019, https://www.npr.org/2019/08/30/755983643/trial-date-set-for-khalid-sheikh-mohammed-4-others-charged-in-9-11-attacks
[7] Department of Defense, “Military Commissions Media Invitation Announced for United States v. Khalid Sheikh Mohammed et al. Pre-Trial Hearing”, Press release, 18 de abril de 2022, https://www.defense.gov/News/Advisories/Advisory/Article/3001874/military-commissions-media-invitation-announced-for-united-states-v-khalid-shei/
[8] David Vine, Cala Coffman, Katalina Khoury, Madison Lovasz, Helen Bush, Rachael Leduc, y Jennifer Walkup; “Creating Refugees: Displacement Caused by the United States’ Post-9/11 Wars”, en Cost of War, Watson Institute Brown University, 21 de septiembre de 2020, págs. 12 y 16, https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Displacement_Vine%20et%20al_Costs%20of%20War%202020%2009%2008.pdf
[9] Department of State, “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America”, 29 de febrero de 2020, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
[10] Ídem.
[11] UNCHR, “UNHCR warns Afghanistan’s conflict taking the heaviest toll on displaced women and children”, 13 de Agosto de 2021, News & Stories, United Nations, https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611617c55/unhcr-warns-afghanistans-conflict-taking-heaviest-toll-displaced-women.html
[12] Rolf Uesseler, La guerra como negocio. Cómo las empresas militares privadas destruyen la democracia (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007), pág. 1.
[13] Ídem, pág. 1-2.
[14] Jon Harper, “Cost of Post-9/11 Wars Expected to Top $6 Trillion”, National Defense, 24 de diciembre de 2019, https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2019/12/24/cost-of-post-911-wars-expected-to-top-6-trillion
[15] Pablo Pozzi y Fabio Nigra, “¿El fin de la globalización? La crisis económica de Estados Unidos”, Revista Política y cultura, n° 34, México, enero de 2010, págs. 33-56. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422010000200003
[16] Human Rights Watch, “EE. UU. debe promulgar la Ley de Libertad Estadounidense”, 30 de abril de 2015, https://www.hrw.org/es/news/2015/04/30/ee-uu-debe-promulgar-la-ley-de-libertad-estadounidense
[17] Arthur M. Schlesinger, Jr. War and the American Presidency (London: W. W. Norton and Company, 2005), pág. 21.
[18] En las elecciones presidenciales de 2000, Bush fue designado ganador luego de que los tribunales convirtiesen en válidos poco más de 500 votos de un condado del estado de Florida. Las primeras horas del recuento electoral en Florida, cuyo gobernador era Jeb Bush -hermano del candidato republicano-, daban la victoria al demócrata Al Gore. Pero a medida que pasaban las horas empezaron a cambiar las tendencias, a tal punto que Gore felicitó a Bush por su triunfo a nivel nacional, ya que los 29 delegados electorales de Florida le aseguraban a Bush la presidencia. Poco después llamó nuevamente a su oponente y le retiró la felicitación, pues quedaban dudas sobre miles de votos por denuncias de irregularidades. Aquella votación acabó judicializándose y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que 35 días después, por cinco votos a cuatro, le dio la victoria a Bush por una diferencia de 537 votos. Sin embargo, luego se comprobó que hubo fraude en el condado cuyos votos se encontraban en disputa.
[19] Gallup, “Presidential Approval Ratings -- George W. Bush”, https://news.gallup.com/poll/116500/presidential-approval-ratings-george-bush.aspx
[20] Zachary Karabell, “How the GOP Made Obama One of America’s Most Powerful Presidents”, Politico, 14 de abril de 2016, https://www.politico.com/magazine/story/2016/04/barack-obama-gop-most-powerful-213814/
[21] Drew Desilver, “More than a decade later, 9/11 attacks continue to resonate with Americans”, PEW Research Center, 14 de mayo de 2014, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/05/14/more-than-a-decade-later-911-attacks-continue-to-resonate-with-americans/
[22] El gobierno de Arabia Saudita está siendo demandado por miles de millones de dólares por las familias de aproximadamente 2.500 víctimas, y por más de 20.000 personas que sufrieron lesiones, daños materiales y pérdidas económicas.
[23] AlJazeera, “9/11 families pressure Biden to declassify US files on Saudi role”, 6 de Agosto de 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/8/6/9-11-families-pressure-biden-to-declassify-us-files-on-saudi