En la primera entrega de 2023, hablamos del SpeakerGate y lo que rodeó la elección del presidente de la Cámara de Representantes para el ciclo legislativo 2023-2024. A pocos días de la definición, ya pueden apreciarse las implicancias y pases de factura del nombramiento del republicano Kevin McCarthy para el cargo de Speaker 🔊 y el impacto para el funcionamiento del gobierno federal.
La representante Marjorie Taylor Greene (una de las figuras de la Cámara Baja que podríamos describir como más Trumpista que Trump, junto Matt Gaetz y Lauren Boebert), quien fuera expulsada en 2021 de sus cargos en distintas comisiones parlamentarias por la promoción de teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales, sus dichos racistas y antisemitas e incitación a la violencia, obtuvo una designación - nada más y nada menos - que en el Comité de Seguridad Nacional. Usualmente, los representantes designados en el que es uno de los Comités legislativos más importantes del Congreso, suelen tener experiencia o antecedentes en las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o el sector de seguridad privada. Y, por lo menos abiertamente, no han avalado una insurrección violenta para intentar evitar el traspaso del poder presidencial. La representante del estado de Georgia no cumple ninguno de estos requisitos.
No casualmente, Greene negoció su voto a favor de McCarthy por un nombramiento adicional en el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. Encargado de gestionar las investigaciones del Congreso, este comité se convirtió en un espacio disputado y deseado por la extrema derecha. Desde allí, se proponen investigar (aka perseguir políticamente) a figuras de la gestión actual, en represalia por las denuncias, causas y juicios políticos (con s) a Donald Trump. Además de Greene, este Comité quedó compuesto por otras figuras de la extrema derecha del partido republicano como Boebert (R-CO), Scott Perry (R-PA), Byron Donalds (R-FL), Gary Palmer (R-AL) y Paul Gosar (R-AZ), todos negacionistas del resultado de las presidenciales de 2020.
Gosar, también negacionista del cambio climático y otro de los “ultras” expulsado hace dos años de los comités en los que había sido designado por amenazar públicamente a legisladores demócratas, fue nombrado en el Comité de - you guessed it! - Recursos Naturales.
Nombramientos como estos no solo son preocupantes para el espectro político, sino que continúan ampliando la brecha al interior de un partido quebrado y dominado por una minoría radicalizada. La designación de estos “extremistas advenedizos” implicó el desplazamiento de representantes republicanos con trayectoria en el partido y en los comités que no imaginaron que su voto de apoyo a McCarthy sería tan fácilmente desestimado.
Legislar en este escenario, cuando ni siquiera el partido mayoritario puede ponerse internamente de acuerdo, va a poner en otro plano cualquier imaginable juego de suma cero. Los votos de los republicanos de cualquier tendencia se subastaran a cambio de ofrendas políticas varias bajo el liderazgo de un débil Speaker que no puede permitirse perder un solo voto, ya sea por cuestiones legislativas, para mantener su cargo o la farsa de su liderazgo.
Una de las primeras medidas de impacto político de los republicanos de la Cámara Baja fue negarse a subir el techo de la deuda externa a menos que el Congreso recorte 130.000 millones de dólares en gastos en Medicare, seguridad social y otros programas sociales y agencias federales.
Es importante tener en cuenta que
el techo de la deuda no tiene que ver con el gasto a futuro, sino con el pago de obligaciones adquiridas. Negarse a elevar el techo de la deuda podría llevar a Estados Unidos a incurrir en cesación de pagos (default), lo que conduciría a un desplome del mercado de valores, recesión, aumento del desempleo y fuertes impactos en los mercados internacionales. Y ya sabemos que pasa en una región en terapia intensiva cuando Estados Unidos estornuda.
La deuda externa norteamericana viene aumentando exponencialmente desde los años 2000, bajo el mandato de George W. Bush. Y durante la presidencia de Trump volvió dispararse, incluso antes de la pandemia, como consecuencia de la reforma impositiva regresiva de ese gobierno. Para diciembre de 2019, la deuda era de 17,2 trillones de dólares. Se calcula que durante el primer año de la pandemia el déficit aumentó 10 trillones más.
Se ha anticipado que otra estrategia a la que los ultras apelarán es el juicio político contra Joe Biden y contra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. ¿La causa? la política migratoria sobre solicitudes de asilo en la frontera sur. Tres cosas a tener en cuenta: a) la misma es una continuidad de la implementada por la gestión Trump; b) no ha sufrido modificaciones sustanciales desde entonces; c) el Congreso se ha negado a tratar la discusión de proyectos de ley que actualicen legislación pertinente. Dicen los expertos que los siguientes procesos de juicio político serán contra funcionarios del Departamento de Justicia y miembros del Comité de la Cámara Baja que investiga la insurreccion del 6 de enero.
En la entrega anterior mencioné que en este contexto, ya no podía hablarse de polarización para hablar de la dinámica política estadounidense. Y hasta ponía en discusión la idea de fragmentación. Con un Congreso que en principio se caracteriza por la paralización y que solo tratará de acordar los principios mínimos para continuar funcionando, la confrontación política es la que dicta la dinámica en una guerra por un modelo de país en el que el bipartidismo es su víctima fatal. Lo que nos queda es un sistema politico-partidario deslegitimado no solo por las bases sino por un sector del establishment y con evidentes signos de implosion.