Junio, 2022 | Pride Month
Junio es Pride Month.
Pero hace poco más de 50 años la homosexualidad era ilegal en Estados Unidos de América. El cargo más común por el cual una persona no-heterosexual podía ser detenida era el de sodomía, un término poco específico con el que se refería a cualquier acto sexual considerado contra natura, indecente o inmoral. Hacia fines de la década de 1960, en 49 de los 50 estados, las condenas por sodomía podían ir desde dos a diez años de prisión, multas de más de 2.000 dólares y la obligación de inscribirse en registros públicos de delincuentes sexuales. La única excepción era Illinois, donde la ley había sido derogada en 1961.
Además de equiparar “moralidad” con criminalidad, por aquellos años todo lo que se encontrara por fuera del espectro de la heterosexualidad y el binarismo era explicado en términos de desorden o enfermedad mental, incluso como una forma de psicopatía. Un informe del canal CBS titulado “The Homosexuals” (1967), de gran impacto por ser una de las primeras veces que un medio de comunicación masivo abordaba un tema que algunos afirmaban “había alcanzado proporciones epidemiológicas”, reveló que la visión que se tenía de este colectivo era de “personas promiscuas, no interesadas en, ni capaces de, tener relaciones monógamas como las de los matrimonios heterosexuales”. Un reconocido psicoanalista de New York, Charles Socarides, agregó al debate que “nadie “nace” homosexual”, la homosexualidad “empieza a formarse” en los primeros tres años de la vida, por lo que cuanto antes se la tratara, más sencillo sería “revertirla”1.
Vivir en una sociedad que consideraba la homosexualidad una enfermedad mental hacía que se hablar en términos de “problema” cuya “solución” radicaba en tratamientos de modificación del comportamiento o de la personalidad, como las terapias de shock o de condicionamiento aversivo para revertir “la condición” y convencer a los “pacientes” de abandonar la homosexualidad (en lugares como el estado de Utah e incluso en California aún se practica en centros privados financiados por la derecha religiosa), se los encerraba en instituciones psiquiátricas bajo el mote de psicópatas sexuales, fueron sometidos a tratamientos de esterilización compulsiva, lobotomías e, incluso, castración.
Dado este consenso científico, las dinámicas societales no estuvieron exentas de las consecuencias de esta imagen o construcción, y esto se trasladó a las interacciones sociales, entre ellas, con la policía. En aquella época, los bares eran de los pocos espacios públicos que personas de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género podían considerar una suerte de oasis. Y el StoneWall Inn, ubicado en Greenwich Village, era uno de tantos en la ciudad de New York.
Este bar era propiedad de una de las más conocidas familias mafiosas de New York, los Genovese, quienes pagaban sobornos a la policía para mantener abierto el establecimiento, pero también para que no se los persiguiera por los abusos, extorsiones y amenazas a las que sometían a su clientela. Hay testimonios de personas asiduas que denunciaron chantajes e intimidaciones de los propietarios de revelar detalles de su vida personal ante empleadores, amigos y familiares.
A pesar de los sobornos, la policía solía hacer redadas en estos bares básicamente porque estaba prohibido vender o servir alcohol a personas homosexuales en público debido a las leyes sobre venta de alcohol que explícitamente consideraban que las reuniones sociales de personas LGTBIQ+ eran "desordenadas" (diserderly conduct). Las mismas usualmente conducían a detenciones masivas bajo cargos de sodomía, solicitation (“solicitud de relaciones sexuales o prostitución”, lo que era ilegal en Nueva York), “actos inmorales” en la vía pública o “usar ropa no apropiada para el género”, cargos dirigidos a personas trans.
Si bien no era la primera vez que la policía ingresaba a un bar y acosaba a los asistentes, en esta particular ocasión, los que estaban en el StoneWall se resistieron a ser requisados y detenidos y – como afirmó Lucian Truscott, uno de los involucrados en el episodio – “una vez que eso sucedió, todo el castillo de naipes, que era el sistema de opresión de los homosexuales comenzó a desmoronarse”.
La lucha por los derechos LGTBIQ+ no empieza con este puntual episodio, que se convirtió en una suerte de hito fundacional, sino que fue el hecho que terminó por impulsar hacia adelante una lucha que ya tenía un largo camino recorrido tanto a través de actos de resistencia individual, como de organizaciones como las Daughters of Bilitis (fundada en 1955), la Mattachine Society (fundada en 1950 en el contexto del macartismo), y la Society for Human Rights, fundada en Chicago en 1924, el primer grupo pro-derechos de los homosexuales en Estados Unidos.
Un 28 de junio de 1969, nueve policías ingresaron al Stonewall y arrestaron a 13 personas, principalmente mujeres trans. Y se encontraron con la resistencia de los asistentes. Ello se trasladó a las calles, donde en forma algo improcedente, cientos de habitantes del barrio se unieron a la protesta. Se produjeron disturbios que duraron hasta el 1 de julio y que pasaron a ser conocidos como los motines del Stonewall.
Los sucesos de esa noche y días subsiguientes dieron comienzo al movimiento de liberación Gay, un proceso que supo visualizar las problemáticas que sufría un amplio espectro de personas por sus orientaciones sexuales o identidades de género. Martin Boyce, hoy de 74 años y que participó en los disturbios de 1969, afirmó en una entrevista que le hicieron en 2019 que “los gays tenían orgullo, pero no era un orgullo de ser gays… era un orgullo de ser ellos mismos, era un orgullo individual. Después de StoneWall se convirtió en un orgullo colectivo (…) El radicalismo estaba en el closet con los homosexuales, y Stonewall abrió la puerta para dejarlo salir.”
Cinco meses después se propuso la realización de una marcha en Nueva York para conmemorar lo que sería el primer aniversario de Stonewall, un evento sin "reglas de vestimenta ni de edad". Este fue un cambio drástico de los métodos utilizados por los activistas LGBTIQ+ que solían organizar manifestaciones de protesta y marchas de silencio respetando los códigos de vestimenta “de género” tradicionales.
Así nació la primera marcha del orgullo (Gay Pride Parade, 28 de junio de 1970), que se realizó en 5 ciudades (New York, San Francisco, Los Ángeles, Boston y Chicago), y que aún hoy sirve como punto de referencia no solo para conmemorar la lucha y resistencia de este colectivo, sino para poner sobre el tapete el camino que queda por recorrer en términos de expansión y defensa de derechos, y de los persistentes problemas de discriminación, homofobia, transfobia y racismo.
Los sucesos de 1969 no deben ser entendidos o recordados como UN momento en la historia, sino que evidencian etapas y puntos de inflexión en largos procesos históricos de lucha y resistencia que continúan hasta nuestros días, sobre todo en el marco de las implicaciones de la última decisión de la Corte Suprema estadounidense.
Uno de los logros de este movimiento fue que en 1973 la American Psychiatric Association eliminó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Sin embargo, a continuación, comenzaron a surgir otras estigmatizaciones que relacionaban homosexualidad y drogadicción, o con los estragos que hizo en miembros de este colectivo la pandemia del SIDA, que en muchos casos, además, sufrieron discriminación a la hora de recibir atención médica, temas que pasaron a ser algunas de las grandes demandas del movimiento entre fines de los años 70 y la década de 1980.
En la década de 1990, la batalla por la visibilización LGTBIQ+ y sus derechos a básicamente existir en la vida pública recibieron un duro golpe cuando el presidente Bill Clinton promovió la política “Don’t Ask, don’t tell” (1993). En lugar de derogar sin más una ley de los años ’50 que autorizaba despidos del ejército por orientación sexual, como había prometido en su campaña electoral, su administración acordó un “compromiso”: la ley se derogaba sólo si se establecía una política de no hacer preguntas o discutir la orientación sexual de los miembros de las fuerzas. Es decir, podían enlistarse y servir en las Fuerzas Armadas, pero no hacerlo abiertamente. En 2011, el presidente Barack Obama derogó esta política, pero para ese entonces, más de 12.000 oficiales del ejército habían sido despedidos por negarse a ocultar su identidad.
A pesar de los progresos alcanzados sobre todo en las últimas dos décadas (entre ellos, el casamiento entre personas del mismo sexo2 y la posibilidad de adopción), la estigmatización y discriminación ligadas a las cuestiones médicas o de salud mental persisten, sobre todo en relación a las personas trans. Actitudes que disfrazan actos discriminatorias de ejercicios del derecho de “libertad de conciencia” o “libertad religiosa” se expanden, por lo que sigue siendo necesario defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en el empleo, la vivienda, el acceso a la salud o los servicios en general, particularmente considerando que aún existe 12 estados (Louisiana, Alabama, Florida, Idaho, Kansas, Michigan, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah) que criminalizan la homosexualidad, ante la vigencia de leyes contra la sodomía consensuada.
Antes de finalizar con esta entrega, me gustaría mencionar la labor que en Argentina hacen los miembros de El Vahído, con Gustavo Pecoraro (@gustavopecoraro) y Gustavo Casals (@GusCasals) a la cabeza, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en actividades de educación y concientización, hoy tan necesarias para lograr más tolerancia, mayor comprensión y principalmente deconstrucción socio-cultural. Fue Gustavo Casals quien en alguna oportunidad habló sobre la necesidad de llamar a las cosas por su nombre y el correcto uso del lenguaje en referencia al tipo de lucha que el colectivo LGTBIQ+ enfrenta y cómo combatirlo: “homo-fobia, no… No es un temor ni una fobia. Es homo-odio”.
Socarides continuó trabajando y hacia 1995 ofrecía tratamientos de conversión en Encino, California. Su hijo se convirtió en uno de los más prominentes representantes de la comunidad gay del gobierno de Clinton.
En 2015 la Corte Suprema dictaminó que los estados no pueden prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizando el matrimonio entre homosexuales en todo el país.