Agosto, 2022 | Las elecciones legislativas de mitad de mandato: ni referéndum ni anticipación (II)
Midterms Special Edition. Part II
Tres meses nos separan de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que además de renovarse la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (34 bancas), están en juego 36 de 50 gobernaciones estaduales. Según tendencias históricas, las elecciones de mitad de mandato o medio término (midterms) parecen significar la pérdida de bancas para el partido gobernante, muchas veces cediendo la mayoría a la oposición.
En la anterior entrega, sugerimos que los factores a considerar a la hora de analizar las elecciones legislativas presentan un escenario algo más complejo y menos lineal que lo que la mayoría de los análisis parecen plantear. En este sentido, analizamos las particularidades de la situación económica, las complejidades que representa la redistritación electoral y el gerrymandering, y el factor “Corte Suprema”. En esta segunda parte, nos enfocamos en los “enemigos internos” del Partido Demócrata, la intransigencia de un segmento del Partido Republicano, y qué rol juegan los independientes.
Los “enemigos internos”
Además del obstruccionismo republicano y las interminables negociaciones en comisiones del Congreso que evitaron que muchos proyectos de ley fuesen tratados en recinto, la Administración Biden debió lidiar con el accionar de ciertos senadores de su bloque que hicieron naufragar aspectos clave del plan económico conocido como Built Back Better (BBB) y de otras propuestas impulsadas por el Ejecutivo.
Dos reconocidos “demócratas conservadores”, el senador por el estado de Virginia Occidental Joe Manchin, y la senadora por Arizona Krysten Sinema, protagonizaron momentos en los que se comportaron más como conservadores que como demócratas. Si bien su historial indica que, en la gran mayoría de los asuntos tratados en el Senado, se alinearon con su bloque partidario, se opusieron a componentes estructurales del BBB que consideraban planes sociales, una reforma impositiva progresista y provisiones contra el cambio climático, y votaron con los republicanos para eliminar normativas preventivas de salud relacionadas con la pandemia y mantener las reglas obstruccionistas del Senado para bloquear la legislación sobre el derecho al voto (la ley de derechos electorales John Lewis).
El ala progresista del partido demócrata públicamente manifestó su disgusto ante la postura y pedido de concesiones de ambos senadores. Bernie Sanders, uno de los críticos más vocales hacia sus colegas partidarios, los acusó de sabotear intencionalmente no solo la agenda del presidente, sino
“lo que quiere el pueblo estadounidense, lo que la mayoría de nosotros en el Caucus Demócrata queremos. Nada de esto es nuevo. (...) [Manchin] es [un] importante receptor de dinero de los combustibles fósiles, un tipo que ha recibido contribuciones de campaña de 25 multimillonarios republicanos…En mi humilde opinión, Manchin representa a las personas más ricas de este país, no a las familias trabajadoras de Virginia Occidental o de Estados Unidos”.
Otro curioso caso es el del senador por el estado de New Jersey, Robert Menéndez. Si bien en el Senado se ha alineado en un 100% de las veces con la posición de la Administración Biden, el senador ha interferido significativamente con la política exterior estadounidense en lo que hace a América Latina. Menéndez es presidente de la comisión de relaciones exteriores, miembro de la Comisión de Bancos y Finanzas, y referente del lobby conservador hispano en Washington D.C., además de un voto crucial en una Cámara Alta empatada en 50-50. Luego de que en 2022 el Departamento de Estado iniciara acercamientos a Venezuela y Cuba, el Senador utilizó sus influencias para que se tomaran medidas en sentido contrario. En marzo, Biden envió a Caracas a uno de sus principales asesores para la región, Juan González, para hablar con Nicolás Maduro sobre cuestiones energéticas en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia y el aumento de los precios del petróleo, en lo que constituyó el acercamiento más significativo entre ambos gobiernos en los últimos años. Y el 16 de mayo, el Departamento de Estado anunció una serie de medidas de “flexibilización” hacia Cuba que referían a remesas, viajes y actividades consulares. La respuesta del senador fue muy dura y de un rechazo absoluto, consiguiendo detener nuevos avances en dichas iniciativas y logrando que el gobierno estadounidense no incluyera a los presidentes de sendos países, además del de Nicaragua, entre los invitados a la Cumbre de las Américas.
Esto no es aleatorio. Para los congresistas que deben someter a renovación su escaño, hay temas en los que votar con el presidente puede implicar un revés político en sus distritos y con sus constituyentes, si son cuestiones que puntualmente interpelan a sus bases electorales o - peor aún - afectan los intereses de contribuyentes de campaña. Dicho esto, se observa que los logros legislativos de la gestión Biden parecen ser más que los fracasos, y su efectividad - aún con leyes bastante diluidas en relación a los proyectos - ha sido mayor que la de algunos de sus predecesores. En dos años, el Congreso aprobó el paquete de ayuda COVID (1.9 billones de dólares), la American Rescue Plan Act (1.9 trillones de dólares), la Infrastructure Investment and Jobs Act (1,2 trillones), la Chips and Science Act (280 billones), y la Inflation Reduction Act (IRA), el último gran logro del oficialismo.
La Ley de Reducción de la Inflación prevé reducir el déficit fiscal a través de la implementación de un nuevo impuesto mínimo del 15% a las empresas cuyas ganancias superen los 1000 millones de dólares, un plan de subsidios a las energías renovables de 370 billones de dólares, y rebajas en medicamentos para los beneficiarios de Medicare (el seguro público de salud para mayores de 65 años). Daniel Hemel, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, observa que si bien la ley representa una de las mayores inversiones públicas jamás vista en cuestiones de salud y cambio climático,
también allana el camino para una expansión masiva de la extracción de petróleo y gas en tierras y aguas federales. Incluye un nuevo impuesto mínimo diseñado para garantizar que las grandes corporaciones paguen al menos el 15 por ciento de sus ganancias al gobierno federal, pero también colma a las corporaciones de subsidios públicos que elevarán las tasas impositivas de muchas más empresas por debajo del 15 por ciento. Es decepcionantemente modesto en sus aspiraciones, pero podría decirse que será, junto con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la legislación más ambiciosa firmada por un presidente demócrata en más de medio siglo.
Según estimaciones, la ley prevé también la inversión de unos 430 billones de dólares en 10 años y generar ingresos por unos 740 billones, números considerables aunque lejanos de los solicitados en el plan original de Biden (BBB) o de su versión fiscalmente más conservadora que aún así naufragó en el Senado por el voto negativo de Manchin. ¿Otras provisiones del proyecto de ley excluidas? La expansión del Estado de bienestar con guarderías públicas, permisos por ma-paternidad y para cuidado de enfermos, y planes de ayuda, eliminados por pedido de Manchin. También se le hicieron concesiones a la senadora Sinema, como la eliminación de imposiciones fiscales que favorecen a ejecutivos de fondos especulativos y firmas de capital riesgo.
Si bien Hemel hace un gran trabajo en destacar las “salvedades” y letra chica de la ley, además de sopesar su verdadero impacto en el largo plazo, esas son cuestiones que pocas veces alcanzan el espectro de análisis de la mayoría de los votantes. Las letras brillantes parecen indicar que a pesar de obstáculos, concesiones y billonarios ajustes presupuestarios, la agenda legislativa de Biden que aborda temas que van desde los efectos económicos de la pandemia, dilatados proyectos de obras públicas y de infraestructura (carreteras, puentes, banda ancha, transporte), inversión industrial, fomento a la ciencia, regulación de precios de medicamentos recetados, seguros de salud, cambio climático, reducción del déficit y equidad fiscal, logró salir adelante. También se aprobó un fondo de asistencia a Ucrania, e improcedentemente se sancionó una ley de control de armamento (Protecting Our Kids Act). Y lo más notable, la mayoría de estas medidas fueron aprobadas con apoyo de algunos congresistas republicanos.
Los proximos proyectos de ley que los demócratas someterían a discusión, y que podrían continuar inclinando la balanza a su favor, refieren a resguardar el matrimonio entre personas del mismo sexo (que la Corte Suprema tiene intenciones de declarar inconstitucional, según declaraciones del Juez Clearence Thomas) y una reforma electoral que establezca premisas claras sobre la certificación de votos electorales en elecciones presidenciales, con el objetivo de evitar otro 6 de enero, al menos, adentro del Capitolio.
La intransigencia del partido republicano
Desde lo retórico y desde las medidas que han avanzado a nivel legislativo a nivel estadual y federal, el partido republicano continúa arrinconándose a la derecha para satisfacer a una base activa, militante y ruidosa que se ha sentido interpelada por el ex presidente Trump. Ello parece estar alienando también a importantes sectores del electorado que - hasta cierto nivel - se identifican con el partido, pero han comenzado a manifestar su descontento con aspectos centrales de la plataforma republicana actual.
Recientemente, los senadores republicanos atentaron contra un segmento notable de su base: los miembros retirados de las Fuerzas Armadas. A fines de julio, votaron en contra de un proyecto de ley sobre el que ya había un previo acuerdo e hicieron caer la sanción de la PACT Act (Promise to Address Comprehensive Toxics), una ley que proporcionaría acceso a la salud a veteranos expuestos a quemaduras, toxinas y heridas durante su servicio militar. Si bien días después el proyecto fue nuevamente tratado en recinto y sancionado, esto se sumó a la negativa del bloque republicano a aprobar leyes que cuentan con significativo apoyo popular, como ser el derecho al aborto a nivel federal, al acceso al uso de anticonceptivos, el cruce de fronteras estaduales para obtener atención de salud reproductiva y el matrimonio igualitario.
También se opusieron furiosamente a una medida que cuenta con indiscutible apoyo popular en todos los segmentos demográficos: mayores regulaciones para la adquisición y portación de armas, y comprobación universal de antecedentes. En un año en el que las estadísticas indican que se han producido ya más de 400 tiroteos masivos (un promedio de casi 2 tiroteos con más de 4 víctimas fatales por día según la organización Gun Violence Archive) los republicanos de la Cámara Baja votaron en contra de prohibir las armas de asalto. Si bien el proyecto de ley logró ser aprobado en la Cámara de Representantes gracias a la no unánime mayoría demócrata y aún debía ser tratado en el contencioso Senado, esto levantó enormes críticas sobre un tema de políticas públicas de seguridad nacional que los congresistas opositores simplemente se niegan a tratar y que según el PEW Research Center cuenta con un 64% de apoyo popular (80% entre los demócratas y un alto 47% entre los republicanos).
Terceros partidos e independientes sin representación
Un mes después de que se cumpliera el primer aniversario de la presidencia de Biden, el especialista en opinión pública y comportamiento electoral Jeffrey M. Jones notaba que “el deseo de los estadounidenses por un tercer partido ha aumentado y ahora se encuentra en un punto alto”. Según su análisis, 62% de los estadounidenses afirmaban que "los partidos [mayoritarios] hacen un trabajo tan pobre en representación del pueblo estadounidense que se necesita un tercero", el índice más alto en las últimas dos décadas.
Esto se conjuga con que la visión positiva de los partidos mayoritarios disminuyó hasta ubicarse por debajo del 50% (38% para los republicanos, 48% para los demócratas) y se incrementó la de aquellos que se identifican como “independientes” (50%). Revirtiendo tendencias pasadas, los que bregan por la conformación de un partido independiente con posibilidades electorales no son tanto los demócratas progresistas como los republicanos anti-Trump, que sienten que su partido ha sido cooptado - sin retorno - por el Tea Party y el Trumpismo. Hacia julio de 2022, el número de los “independientes” se había moderado (41%), pero la oscilación de sus tendencias partidarias podría volver loco a un estratega político: 45% se reconoció como “de inclinaciones republicanas”, 43% como “de inclinación demócrata”.
Estos números definitivamente influyen en la lógica de la disputa electoral. La cooptación del “voto independiente” se ha convertido en uno de los ejes de las campañas electorales, muchas veces en detrimento de lo que los políticos entienden como “voto cautivo”, es decir, de los electores fuertemente identificados con un determinado partido. Sin embargo, en un sistema donde el voto no es obligatorio y existen cada vez más impedimentos para ejercer el derecho electoral, la movilización de la población a las urnas es un problema y un desafío que alcanza, pero ampliamente supera, a las bases partidarias. Un tema puntual de la agenda política puede movilizar tanto a propios como a ajenos (como, por ejemplo, el aborto) con la misma intensidad con la que puede desalentarlos de la participación electoral, sobre todo en un momento en el que la confianza en el sistema político e institucional estadounidense es la más baja desde el escándalo Watergate (1972-1974).
Así, este ciclo electoral deberá ser analizado cómo un fenómeno en sí mismo, en el que las particularidades de las dimensiones referidas adquieren un peso particular y dónde las tendencias históricas deberán ser sometidas al rigor del análisis contextual. Ni referéndum ni anticipación, haríamos bien en no analizar sus resultados en términos absolutos pensando en 2024.